El Iepac defiende sus contratos de material electoral y admite revisar compras

El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), Moisés Bates Aguilar, defendió la legalidad de las contrataciones de material electoral con empresas mencionadas en investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y reconoció que los procedimientos de compra deben revisarse porque en la práctica favorecen la concentración de contratos en pocos proveedores. Lo dijo en entrevista con Diario de Yucatán, publicada el 3 de noviembre.

Por Esto informó ese mismo día que tres empresas vinculadas con investigaciones federales recibieron cerca de 58 millones de pesos del instituto para suministrar urnas, cajas, mamparas y otros insumos en los procesos de 2018, 2021 y 2024. Los montos son: Formas Finas, 19.4 millones de pesos, por una adjudicación directa de 19,457,000 pesos en 2018; Cajas Graf, 12.3 millones en 2021; y Comercializadora JVLY, 26.5 millones, por 26,505,000 pesos, en 2024.

Según Por Esto, en 2018 el Iepac convocó una licitación con un presupuesto aproximado de 16.8 millones de pesos; solo participaron Cajas Graf, con una oferta de 20.3 millones, y Formas Finas, con cerca de 19.5 millones. Ambas superaban el presupuesto, el procedimiento se declaró desierto y después se adjudicó directamente a Formas Finas. El medio aclara que la adjudicación directa, por sí sola, no permite concluir que hubo una concertación ilegal. Sobre 2024, indica que la ASF observó el contrato de JVLY por la falta de un acta de entrega-recepción, lo que no implica necesariamente que el material no llegara ni que se desviaran recursos. Esa publicación no incluye declaraciones del Iepac ni de las empresas.

Bates sostuvo que las adjudicaciones se hicieron conforme a las normas vigentes y que ninguna autoridad fiscalizadora ni el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió al Iepac sobre posibles irregularidades de las empresas. Indicó que su presidencia responde por las compras para las elecciones de 2024 y que las anteriores corresponden a otras administraciones; Por Esto precisa que asumió el cargo el 27 de octubre de 2021. El instituto revisó sus archivos y confirmó que algunas de las firmas mencionadas son proveedoras desde 2012.

Explicó que las compras no las decide solo la presidencia, sino un comité que integran representantes del órgano interno de control, las direcciones de Administración, Jurídica y Organización Electoral, la Secretaría Ejecutiva y la presidencia. En la licitación de 2024, dijo, acudieron inicialmente cuatro o cinco empresas; varias se retiraron y JVLY quedó como única postora. Afirmó que el material se entregó en tiempo y forma y que ofrece a las autoridades la documentación de su administración y de las anteriores.

El funcionario reconoció un problema de fondo: pocas empresas producen material electoral y varias aparecen de forma recurrente, lo que calificó como una "especie de oligopolio". Señaló que la normativa exige experiencia previa, requisito que garantiza capacidad técnica pero puede ser una barrera para nuevos participantes, y habló de versiones sobre posibles vínculos de propiedad entre proveedores, que no presentó como hechos acreditados.

Propuso crear mecanismos de coordinación entre los órganos electorales y las autoridades fiscalizadoras, incluidas la ASF y la Unidad de Inteligencia Financiera, para conocer oportunamente si un proveedor enfrenta investigaciones, y revisar las reglas de adquisición sin restringir la competencia. También pidió no caer en una "cacería de brujas" y se dijo de acuerdo con que los órganos locales sean auditados.

Por ahora no hay una resolución que fije responsabilidades en las operaciones del Iepac. Ni la ASF, ni la UIF, ni las empresas han emitido, en las publicaciones consultadas, declaraciones propias sobre estos contratos.