Yucatán frena nuevas granjas porcícolas tras alertas por agua en cenotes

El Gobierno de Yucatán anunció que no autorizará nuevas granjas porcícolas y reforzará la vigilancia de las que ya operan, tres días después de que Greenpeace México y comunidades mayas presentaran resultados de análisis de agua en pozos y cenotes cercanos a Mérida. La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) detalló cuatro acciones, según reportó Por Esto el 24 de octubre.

Greenpeace informó que muestreó 17 puntos en seis localidades, entre cenotes y pozos de uso doméstico o agrícola, y que encontró contaminación generalizada, atribuida por la organización a materia fecal de origen animal y a la cercanía de granjas porcícolas. Una de sus voceras, Ornela Garelli, dijo a Excélsior que el hallazgo principal es una contaminación presente en todos los puntos muestreados. Entre las localidades citadas figuran Kinchil, Motul, Chocholá, Celestún y San Antonio Tedzidz.

El propio reporte de Por Esto introduce una precisión: los 17 análisis no equivalen a 17 detecciones atribuibles a granjas específicas. Los marcadores de origen porcino proceden de estudios comunitarios adicionales, realizados en otros momentos y puntos, y señalar una fuente concreta requiere estudios e inspecciones oficiales, según ese medio.

Las medidas de la SDS son frenar nuevas autorizaciones, instalar con apoyo de la UNAM una red de monitoreo continuo de la calidad del agua, exigir sistemas de tratamiento de aguas residuales que cumplan la NOM-001-SEMARNAT-2021 y ampliar la coordinación con Semarnat y Profepa para inspeccionar y sancionar. El gobierno estatal todavía no informó cuántos equipos de monitoreo se instalarán ni cuándo empezarán a operar.

Un día antes, la Profepa había dado a conocer que las multas acumuladas contra empresas del sector porcícola en Yucatán suman 105.8 millones de pesos, con 18 inspecciones durante 2025 y 2026 y una clausura total definitiva. Esas sanciones incluyen procedimientos de años anteriores. El caso más avanzado es el de una instalación en Santa María Chí, donde la autoridad federal ordenó el cierre y el retiro de más de 41 mil cerdos.

Greenpeace pide decretar la prohibición total de nuevas megagranjas y ampliaciones, reforzar el cumplimiento de la normativa y garantizar el derecho de las comunidades al agua limpia, según UnoTV. Las comunidades mayas, a su vez, reclaman que se hagan públicos los resultados de inspecciones y sanciones. Por Esto añade que el plazo para concluir las adecuaciones de buena parte de las granjas vinculadas con Kekén vence en marzo de 2027.

El anuncio responde a una de las demandas centrales de las comunidades, pero su efecto dependerá de la información pública que lo acompañe: ubicación y número de los equipos de monitoreo, resultados de las inspecciones y calendario de cumplimiento. Los empresarios del sector, de acuerdo con la cobertura consultada, cuestionan las conclusiones de las organizaciones ambientalistas.