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IFSE revisa contratos del Ceepac; el INE local niega nexos con un proveedor

El Ceepac se sumó a un pronunciamiento de los OPLE y la delegación del INE aseguró que no contrató al proveedor señalado en investigaciones periodísticas.

Redacción Enlace Informativo3 min de lectura
IFSE revisa contratos del Ceepac; el INE local niega nexos con un proveedor
Imagen vía: Pulso San Luis Potosí · Ver nota original

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) mantiene bajo revisión las contrataciones y el ejercicio de recursos públicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), ante los señalamientos sobre presuntas empresas fantasma relacionadas con servicios electorales, informó su titular, Rodrigo Joaquín Lecoutois López.

El auditor explicó que, aunque una parte importante del presupuesto del Ceepac se concentra en sueldos y salarios, también se fiscalizan los contratos y gastos. Precisó que algunas de las contrataciones de mayor magnitud corresponden al Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que es necesario distinguir entre los servicios adquiridos por la instancia federal y los que corresponden al organismo local.

Entre los procedimientos con atención especial se encuentra la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para las elecciones de 2027, uno de los servicios de mayor costo para el Ceepac en cada proceso. Lecoutois López señaló que antes este servicio se concentraba en uno o dos proveedores, por lo que consideró necesario garantizar condiciones de competencia y evitar posibles favoritismos.

Como alternativa, planteó que instituciones potosinas con capacidad técnica y jurídica, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) o el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), podrían participar, aunque aclaró que la elección debe responder a las mejores condiciones económicas y técnicas, sin importar el origen del proveedor. Añadió que el IFSE dará seguimiento para verificar que se realice mediante licitación pública y sin preferencias.

El contexto es una revisión nacional sobre contrataciones de organismos electorales, tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y de investigaciones periodísticas que han señalado vínculos entre empresas proveedoras y personas cercanas a su gestión. Según Astrolabio, el Ceepac se adhirió al posicionamiento de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), que agrupa a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), en defensa de su autonomía, legalidad y funcionamiento institucional.

“Cerramos filas por el fortalecimiento de la democracia en México y en San Luis Potosí”, señaló el Ceepac en sus redes sociales. El documento de la AIEEF también incluye, según la misma fuente, un compromiso con la rendición de cuentas, el escrutinio público y la revisión de las autoridades competentes.

Por su parte, la delegación del INE en San Luis Potosí aseguró que no mantiene relaciones contractuales con José Alfredo Hernández Casillas, señalado en una investigación, junto con su hermano Raymundo Francisco, por presuntamente encabezar una red de empresas que suministran materiales y documentación electoral. La vocal ejecutiva, Patricia Santos Quevedo, aclaró que el proveedor ha participado en contrataciones realizadas a escala nacional, pero descartó que la Junta Local potosina le haya adjudicado algún servicio o adquisición.

Santos Quevedo sostuvo que las 32 juntas locales y las 300 distritales son fiscalizadas por el Órgano Interno de Control y por la Auditoría Superior de la Federación, que la delegación está dispuesta a entregar la documentación que se le requiera y que las compras en la entidad se han conducido conforme a las disposiciones legales. Dijo también que las actividades del instituto en el estado continúan sin interrupciones.

Astrolabio reportó que el Ceepac aparece mencionado en la revisión de contratos publicada por El Universal y que una de las empresas está en su padrón de proveedores vigente; esos señalamientos forman parte de investigaciones periodísticas y no constituyen, por sí mismos, una determinación de irregularidades por parte de una autoridad.

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