La ASF le marca 43 millones de pesos al gobierno de Puebla: tiene 30 días hábiles para aclararlos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró observaciones por 43 millones de pesos en recursos federales que maneja el gobierno de Puebla. Se trata de dinero que el estado deberá justificar con papeles en la mano, y el reloj ya corre.

Según los reportes consultados, los señalamientos salen de la revisión de la Cuenta Pública 2025 y de la segunda entrega de Informes Individuales de Auditoría, publicada el 30 de octubre de 2026. En total se revisaron más de 51 mil millones de pesos en recursos federales. Los 43 millones observados equivalen al 0.08 por ciento de esa cantidad, de acuerdo con la postura oficial.

La entrega incluyó nueve fondos federales. Seis salieron sin observaciones. Los otros tres concentran todo el pendiente: el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y el cumplimiento del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, que tiene que ver con el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En otras palabras, el dinero observado está ligado a la nómina de maestros y al gasto operativo de la educación, a la educación tecnológica y para adultos, y a las obligaciones de retención de impuestos. Son rubros sensibles, porque de ellos dependen salarios y servicios que llegan directamente a las escuelas.

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) informó que los recursos observados están pendientes de aclaración y que deberán justificarse mediante documentación administrativa y comprobatoria. Para ello, el gobierno estatal cuenta con 30 días hábiles contados a partir de la recepción oficial del informe de la ASF.

En su comunicado, la administración que encabeza Alejandro Armenta Mier sostuvo que refrenda su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la normatividad, y que las observaciones serán atendidas en tiempo y forma. También subrayó que Puebla obtuvo resultados positivos en la revisión, al destacar que el porcentaje observado es mínimo frente al total auditado.

Conviene leer la cifra con calma. Que el monto sea pequeño frente a los 51 mil millones auditados no lo vuelve irrelevante: una observación de la ASF no equivale a una sanción ni a la comprobación de un daño, pero tampoco es un trámite menor. Es una señal de que hay recursos federales cuyo destino o comprobación no quedó claro y que alguien tiene que explicar. Si el gobierno logra solventarlos, la discusión terminará ahí; si no, pueden venir procedimientos adicionales.

Los informes consultados no detallan en qué dependencias o por qué conceptos específicos se originaron las observaciones, y el gobierno estatal tampoco lo hizo en su comunicado. Ese es el dato que la ciudadanía debería exigir: cuántos pesos corresponden a cada fondo, qué área los ejerció y qué documento falta. Mientras no se publique ese desglose, el 0.08 por ciento funciona más como argumento de defensa que como información completa.

La ruta ahora es sencilla de describir y larga de vigilar. El estado tiene que entregar la documentación dentro del plazo; la ASF la revisa y decide si las observaciones quedan solventadas o se mantienen. Será útil que, cuando eso ocurra, el gobierno informe el resultado con la misma prisa con la que presumió el porcentaje.