Detienen en Hidalgo a exsecretario de Seguridad de Aquixtla por presunta tortura y robo agravado

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo en Hidalgo, con apoyo de autoridades de esa entidad, al exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Aquixtla, acusado de forma probable de los delitos de tortura y robo agravado. La detención se cumplimentó el 29 de octubre de 2026 en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control de la Región Judicial Norte.

De acuerdo con la información de la Fiscalía recogida por Intolerancia Diario y Municipios Puebla, los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2021 en la calle Juárez de Aquixtla. Dos personas circulaban a bordo de un taxi cuando fueron interceptadas por varios hombres que viajaban en un vehículo blanco, uno de los cuales portaba un arma larga.

Posteriormente, según las indagatorias, llegaron unidades de la Policía Estatal, el entonces funcionario municipal y otros elementos policiales, quienes presuntamente participaron en la agresión contra las víctimas. Ambas personas habrían sido sometidas, encapuchadas y despojadas de sus pertenencias; uno de los afectados habría sido golpeado en repetidas ocasiones.

El exfuncionario fue ubicado por personal de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que contó con mecanismos de colaboración con las autoridades hidalguenses. Tras la detención quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar el procedimiento legal y determinar su situación jurídica, según Municipios Puebla.

Importa subrayar lo que aún no se ha determinado: el exsecretario es un presunto responsable. La orden de aprehensión no equivale a una sentencia y le asiste la presunción de inocencia mientras un juez no resuelva lo contrario. La Fiscalía no ha informado, en los textos consultados, si otros policías o exfuncionarios están siendo investigados o tienen orden de aprehensión por los mismos hechos.

Tampoco se ha dado a conocer la audiencia en la que se le imputaría formalmente ni el plazo para que se defina su situación jurídica. Esos pasos corresponden al proceso penal y se informará de ellos cuando ocurran.

El caso ilustra que las investigaciones por tortura pueden tardar años en llegar a una detención: entre los hechos y la aprehensión pasaron más de cinco años. También muestra la importancia de la colaboración entre fiscalías estatales para ubicar a personas buscadas que se encuentran en otro estado. Se dará seguimiento al avance del proceso y a las audiencias que se programen.