ASF auditará al INE y, si hay delitos, irán a la FGR, dice Sheinbaum
La presidenta explicó la ruta legal tras las denuncias por contratos superiores a 1,800 millones de pesos; la ASF ampliará la revisión a años anteriores.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó este martes 3 de noviembre cuál será el procedimiento si las auditorías al Instituto Nacional Electoral (INE) detectan irregularidades en la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei. En su conferencia matutina, afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la única instancia facultada para auditar al organismo autónomo y que, una vez concluida la revisión, los asuntos de naturaleza penal deberán presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR) y los administrativos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"Una vez realizada esa auditoría, pues si hay un asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República; si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal", dijo. Agregó que, si llegara a haber denuncias, corresponde a la Fiscalía investigarlas y determinar si existen elementos para proceder contra alguien. La mandataria respondía a preguntas sobre las denuncias por contratos superiores a 1,800 millones de pesos relacionados con proveedores del INE y sobre los llamados de legisladores, entre ellos el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, para que la exconsejera enfrente consecuencias legales.
Sheinbaum recordó que el viernes 30 de octubre el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó ante la Cámara de Diputados avances de las revisiones al instituto. De acuerdo con la presidenta, las auditorías iniciadas sobre el periodo de 2023 a la fecha serán fortalecidas y se examinarán también operaciones de años anteriores, incluida la época del Consejo General encabezado entonces por Lorenzo Córdova. Publimetro precisa que la ASF informó haber iniciado una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades relacionadas con el INE y sus proveedores.
La mandataria cuestionó además por qué un grupo de empresas se habría quedado durante más de 20 años con el suministro del material electoral. "Eso tiene que investigarse y sancionarse", sostuvo, y planteó que es necesario analizar lo ocurrido desde 2014, año de la reforma electoral que, a su juicio, concentró facultades en el Consejo General. También rechazó que Morena haya nombrado a Taddei: recordó que fue designada en 2014 presidenta del instituto electoral de Sonora por el Consejo General del INE de entonces y que en 2023 llegó a la presidencia del instituto mediante insaculación, luego de que la Cámara de Diputados no alcanzara la mayoría calificada.
Los reportes periodísticos subrayan que las actuaciones en curso no implican por sí mismas que se haya acreditado responsabilidad penal de la exconsejera presidenta; corresponde a las autoridades competentes determinar los hechos. Publimetro añade que el Órgano Interno de Control del instituto mantiene sus propias investigaciones: desde mayo de 2025 se registraron 18 expedientes, de los cuales 13 seguían bajo investigación y cinco estaban en procedimientos de responsabilidades.
La oposición ha sostenido que Morena tiene responsabilidad política en el origen de la crisis: en la comparecencia del contralor, legisladores del PAN y de Movimiento Ciudadano exigieron al partido oficialista responder por el caso. La presidenta, por su parte, atribuye a administraciones anteriores del instituto la concentración de contratos y sostiene que corresponde a las instancias competentes sancionar a quien haya cometido actos de corrupción.
La discusión ocurre mientras el INE, presidido de forma provisional por Blanca Yassahara Cruz García, se prepara para organizar las elecciones de 2027 y la Cámara de Diputados define el calendario para elegir a la nueva presidencia.



