UMSNH y Congreso chocan por la reforma a la sucesión rectoral
El dictamen propone recuperar por única vez la Comisión de Rectoría y aplazar a 2031 la elección abierta; la rectora presentó un amparo.
La sucesión en la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se convirtió en un punto de confrontación entre la propia universidad y el Congreso de Michoacán. Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales avalaron un dictamen que recupera, por única ocasión, la antigua Comisión de Rectoría para designar a la próxima persona titular y que aplaza hasta 2031 el procedimiento con participación de la comunidad universitaria previsto en la Ley Orgánica de 2025. El Pleno debía analizarlo en la sesión del martes 3 de noviembre.
De aprobarse, la designación del periodo 2027-2031 recaería en esa comisión, integrada mayoritariamente por exrectores. La actual administración concluye en enero de 2027.
La rectora, Yarabí Ávila González, pidió el lunes por la noche retirar el asunto del orden del día, que identificó como el punto 11 de la sesión, y solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Atribuyó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla la intención de modificar el mecanismo y afirmó que existen intereses políticos detrás de la propuesta. "Los tiempos de la Universidad son los tiempos de la Universidad, no los tiempos del Gobernador", expresó. También rechazó los señalamientos contra su gestión y sostuvo que las acciones en su contra constituyen violencia política en razón de género. El 3 de noviembre informó que presentó una demanda de amparo contra el dictamen.
Ávila González añadió que el Consejo Universitario aprobó el reglamento para elegir al próximo titular y que su publicación en la Gaceta Universitaria marca su entrada en vigor. Según la información publicada, algunos consejeros denunciaron que no recibieron previamente el documento definitivo; esas inconformidades no constituyen por sí mismas una determinación sobre la validez del acuerdo.
Del lado legislativo, la diputada Eréndira Isauro Hernández, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la bancada denominada Representación Parlamentaria, negó que exista un retroceso democrático y aseguró que el dictamen cuenta con "pleno blindaje constitucional y convencional". Responsabilizó a la administración universitaria de no haber emitido a tiempo la normativa: el plazo de 190 días hábiles fijado por la reforma de 2025 venció el 18 de febrero de 2026. Sostuvo que las 4 mil 301 firmas que acompañaron la iniciativa ciudadana acreditan el consentimiento de la comunidad universitaria y que el Congreso está preparado para defender el decreto ante cualquier instancia.
Entre las objeciones jurídicas planteadas figuran su posible contradicción con el artículo 143 de la Constitución de Michoacán, que prevé la elección democrática de la autoridad universitaria, y el argumento de que las firmas no sustituyen la consulta previa que exige la Ley General de Educación Superior. También se cuestiona que una reforma aplicable solo a la sucesión de 2027 pueda considerarse una ley privativa. La diputada rechazó que exista una dedicatoria personal; el dictamen reproduce once señalamientos contra la administración universitaria, incluidas presuntas irregularidades administrativas, conflictos laborales y tres solicitudes de juicio político pendientes. Ella afirmó que forman parte de la exposición de motivos de los promoventes y no constituyen una resolución sobre responsabilidades.
Para el martes, las autoridades universitarias anunciaron una jornada de movilización en Morelia y un traslado a la Ciudad de México para pedir la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las posturas coinciden en que la sucesión debe resolverse con certeza, pero difieren en quién debe definir el mecanismo: la universidad invoca su autonomía y los promoventes, el incumplimiento de los plazos legales. Al cierre de esta nota, el resultado de la votación en el Pleno no había sido informado.
