La Suprema Corte aplaza el análisis de la suspensión que frena la destitución de Samuel García
El proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías iba a ser discutido el 5 de noviembre. Fue aplazado sin explicación, por lo que su contenido podría cambiar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió mantener en lista el estudio de la suspensión que impide, por tiempo indefinido, que el Congreso de Nuevo León destituya al gobernador Samuel García mediante un juicio político. Así lo informaron Vanguardia y El Diario con información de Reforma. El proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías era el segundo en la lista de la sesión, pero al inicio se anunció su aplazamiento sin dar explicaciones.
Según esas notas, el aplazamiento implica que el proyecto podría ser modificado. Reforma explicó, en la versión de Vanguardia, que, previo a cada sesión, los nueve ministros se juntan a puerta cerrada para pulir los detalles en que aún difieren. El Imparcial había señalado que el tribunal tenía previsto resolver el asunto el jueves 5 de noviembre de 2026.
El proyecto propone ratificar la suspensión que la ministra María Estela Ríos otorgó al gobernador, de Movimiento Ciudadano, el 13 de julio, según Reforma. El Imparcial precisó que se trata de la controversia constitucional 386/2026 y que Herrerías propone desestimar el recurso de reclamación que presentó el Poder Legislativo local. Vanguardia ubicó ese recurso con el número 53/2026-CA.
El origen del conflicto es un acuerdo del Congreso de Nuevo León del 12 de junio que declaró procedente el juicio político contra García. El procedimiento se inició por una denuncia de Morena en el estado, presentada el 8 de junio de 2026 de acuerdo con El Imparcial, que señala presuntos actos de peculado y enriquecimiento ilícito. El gobernador respondió con una controversia constitucional en la que argumenta que el Congreso local no tiene facultades para procesarlo.
Si la suspensión se confirma, el Congreso podrá continuar el procedimiento, pero no llegar a la etapa final que puede implicar la destitución, mientras la Corte resuelve si el acuerdo del 12 de junio es constitucional, explicó Vanguardia con base en Reforma. El Imparcial subrayó que la medida ni anula el juicio político ni resuelve si las acusaciones tienen sustento, y que las acusaciones no acreditan por sí mismas responsabilidad alguna del gobernador.
Al conceder la suspensión, Ríos argumentó que debía salvaguardarse el funcionamiento de la administración estatal y que, si fuera removido, García no recobraría el tiempo de gobierno perdido aunque luego obtuviera una sentencia favorable, ya que esta no tendría efectos retroactivos.
La Corte no tiene fecha límite para resolver el fondo del conflicto. Reforma recordó que el periodo de García concluye en octubre de 2027, por lo que, de mantenerse, la suspensión lo protegería durante la mayor parte del tiempo que le resta, o incluso todo.
