Waldo's, un año después: 26 imputados y un proceso sin sentencia
La Fiscalía ejerció acción penal contra 25 personas y la empresa; un abogado de cuatro familias dice que no hay indemnización.
A un año del incendio en la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo, el caso penal sigue sin sentencia. El siniestro, ocurrido la tarde del 1 de noviembre de 2025 en la calle Doctor Noriega, dejó 24 personas fallecidas y 12 lesionadas. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la investigación está en etapa complementaria y ya se ejerció acción penal contra 25 personas físicas y la empresa Waldo's, lo que suma 26 imputados.
El fiscal general, Gustavo Salas, informó el 13 de octubre de 2026 que los delitos incluyen homicidio culposo, lesiones culposas, aborto, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. Señaló que entre los involucrados hay responsables de la empresa, profesionales particulares y arquitectos que presuntamente participaron en la alteración de requisitos para obtener permisos de operación, además de servidores públicos. Todas las personas imputadas se presumen inocentes mientras no exista sentencia.
La Fiscalía ha detallado que la indagatoria reunió 553 actos de investigación, 150 dictámenes periciales, 148 entrevistas y 198 requerimientos de información. La línea preliminar apuntó a un transformador eléctrico ubicado dentro de la tienda, propiedad del establecimiento y no de la Comisión Federal de Electricidad. El 29 de junio de 2026 el equipo fue retirado de las ruinas para análisis periciales, en una diligencia solicitada por la defensa y autorizada por la autoridad judicial.
El proceso ha tenido varias etapas. Según el recuento de Proyecto Puente, el 26 de enero de 2026 seis personas y la empresa fueron vinculadas a proceso, y el 6 de febrero otras dos personas fueron vinculadas, con lo que el total llegó a nueve; el 9 de febrero se informó de otras dos vinculaciones, mientras una tercera persona no fue vinculada por una resolución judicial relacionada con la prescripción de la acción penal. En marzo la Fiscalía anunció que apelaría la decisión de no vincular a tres personas, al no compartir los criterios del juez.
Del lado de las víctimas, el abogado Ricardo Ballesteros López, quien representa a cuatro familias, informó que en los casos a su cargo no se ha concluido ninguna indemnización por parte de la empresa. Dijo desconocer si las familias de otras personas fallecidas han sido indemnizadas. Explicó que esperan que el juez declare cerrada la investigación para avanzar a la audiencia de la etapa intermedia, en la que se revisarán las pruebas de la defensa y de la Fiscalía.
Ballesteros López atribuyó la duración del proceso a su complejidad: el número de víctimas, los más de 200 testimonios y la cantidad de personas que pudieron tener alguna responsabilidad. Aun así, consideró que "se está llevando conforme a derecho" y que Fiscalía, juez, defensores y asesores jurídicos trabajan adecuadamente. Señaló que cinco personas identificadas como posibles responsables aún no han sido imputadas y que la mayoría de las 25 personas señaladas, así como una persona moral, enfrentan procesos penales.
Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño manifestó que corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial determinar las responsabilidades, y aseguró a las familias que seguirá la atención médica, psicológica y jurídica, así como la reparación integral que corresponda. La empresa no ofreció una postura en las fuentes consultadas.
Mientras el expediente avanza, la tragedia ha dejado cambios en la normativa estatal: el 1 de noviembre se publicó una reforma constitucional en materia de protección civil. Para los familiares, el cierre de la investigación y la audiencia intermedia serán los próximos pasos antes de un eventual juicio.
