ASF señala triangulación por 728.13 mdp en NL; Samuel García lo rechaza
El gobernador sostiene que el asunto ya fue resuelto por la Fiscalía estatal; diputadas del PAN piden que la ASF presente denuncias.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a la Cámara de Diputados que detectó esquemas de triangulación y simulación de operaciones con recursos públicos del Gobierno de Nuevo León por al menos 728.13 millones de pesos. El gobernador Samuel García rechazó los señalamientos y afirmó que no hay sustento en ellos.
El viernes pasado, al entregar el informe de revisión de las Cuentas Públicas 2025, el titular de la ASF, Aureliano Hernández, declaró: “Identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos, a través del pago de proveedores, cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos”.
Posteriormente, el diario Reforma publicó que una de las empresas mencionadas, TXAT Latam, habría recibido contratos estatales por al menos 440 millones de pesos para suministrar chalecos antibalas, radios portátiles y uniformes para internos de los penales, entre otros artículos, y que habría depositado al menos 60.4 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal, despacho privado del gobernador y su familia, mediante factureras y una consultora legal. Se trata de información periodística atribuida a ese medio.
Samuel García respondió en sus redes sociales que el asunto ya fue juzgado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, por lo que, dijo, legalmente no puede investigarse por segunda ocasión. Compartió de nuevo un video publicado el 21 de septiembre en el que rechaza cualquier manejo irregular de recursos y escribió: “no tenemos nada que esconder, siempre vamos a dar la cara porque soy incorruptible”.
El mandatario insistió en que la contratación del despacho de su familia ocurrió años antes de que asumiera la gubernatura y señaló que la Fiscalía cerró el expediente al decretar el no ejercicio de la acción penal. De acuerdo con otra versión, García Sepúlveda atribuyó las acusaciones a Morena y sostuvo que corresponden a casos de 2021 y 2022 que ya fueron revisados.
Por su parte, diputadas del PAN pidieron a la ASF ejercer todas sus facultades, incluida la presentación de denuncias penales. La diputada federal por Nuevo León Annia Gómez afirmó que el gobernador “debe ir a la cárcel” y pidió fincar responsabilidades penales; añadió que espera que la Federación actúe y que el asunto no sea una persecución política con miras electorales. La diputada Paulina Rubio sostuvo que, si el órgano fiscalizador tiene pruebas, debe presentar las denuncias que correspondan.
Los hallazgos de la ASF son observaciones de una revisión de la fiscalización y no constituyen por sí mismos una sentencia. Hasta ahora, las fuentes consultadas no reportan una resolución judicial sobre el tema.
