miércoles 18 de noviembre de 2026Edición digital continuaActualizado 18 nov 2026
Enlace Informativo
Política

SCJN valida conservación de datos de telefonía y geolocalización para autoridades

El Pleno de la Suprema Corte validó la conservación de metadatos hasta por dos años y su entrega a autoridades. La sesión del 17 de noviembre incluyó un debate entre ministros.

Redacción Enlace Informativo2 min de lectura
SCJN valida conservación de datos de telefonía y geolocalización para autoridades
Imagen vía: Excélsior · Ver nota original

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el 17 de noviembre de 2026 las disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obligan a los concesionarios a conservar datos de los usuarios y a entregarlos a autoridades de seguridad y de procuración de justicia. Así lo reportaron Excélsior y Ríodoce.

La resolución corresponde al amparo en revisión 193/2026, promovido por una particular contra las obligaciones de conservar y entregar datos de comunicaciones, bloquear señales y permitir la geolocalización en tiempo real. Las medidas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. La quejosa sostuvo que vulneran los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales, según Excélsior.

De acuerdo con ambos medios, la reforma permite conservar metadatos, registros de llamadas y geolocalización por hasta dos años. Ríodoce, que cita a La Jornada, añade que la entrega debe hacerse en un plazo máximo de 24 horas ante un requerimiento legal y que el pleno declaró constitucionales diversas disposiciones del artículo 183 de la ley, por mayoría de votos.

En cuanto al requisito de una orden judicial, Excélsior señala que la reforma admite la entrega de información sin esa orden en emergencias en las que la vida de una persona esté en peligro. Ríodoce precisa que, según el fallo, el acceso debe contar como regla general con autorización judicial previa y que solo en situaciones excepcionales de urgencia las autoridades pueden actuar sin ella, con revisión judicial posterior conforme al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El proyecto fue elaborado por la ministra María Estela Ríos González. En él sostuvo que la norma no obliga a los usuarios a generar ni a entregar información, sino que regula la actuación de los concesionarios dentro de su actividad económica. Consideró que las disposiciones persiguen fines de seguridad pública y tienen límites legales.

Durante la sesión, otros ministros pidieron precisar lo relativo a la intervención de las autoridades mediante autorización judicial, pues el proyecto remitía a lo que establezcan las leyes. Ríos González respondió que pedía respeto a su decisión como ponente y reclamó lo que consideró una falta de respeto a su posición. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la mayoría busca que el proyecto refleje su criterio y que quien lo sostenga puede presentar voto concurrente o particular.

Según Ríodoce, el ministro Irving Espinosa Betanzos advirtió que la legislación puede generar inseguridad jurídica por no precisar con suficiente claridad los límites y las excepciones de estas medidas. La Corte negó el amparo.

Sigue leyendo

Enviar por WhatsAppFacebook