Túnel de Tradición: críticas por el cobro de mobiliario a comerciantes

La renta obligatoria de mobiliario a los comerciantes del Túnel de Tradición, en el marco del Festival de Día de Muertos de Guanajuato capital, generó cuestionamientos de comerciantes, una regidora y un observatorio ciudadano. El Gobierno municipal sostiene que el objetivo fue uniformar la imagen del evento y que no obtuvo recursos.

De acuerdo con el diario AM, comerciantes de la octava edición del festival denunciaron cobros de entre 3 mil 500 y 6 mil 500 pesos, y en algunos casos mayores, por mobiliario, además de espacios reducidos y restricciones para instalar su equipo. Los pagos se hicieron a la empresa Custom Bajío, con domicilio en León. Periódico Correo precisó que el esquema se hizo obligatorio para quienes quisieron instalarse durante los seis días del evento.

La directora de Turismo municipal, Denisse Michelini Ojeda, confirmó a AM que la contratación fue obligatoria, para evitar que se instalaran estructuras de mayor tamaño al que marca el reglamento, y que Custom Bajío determinó los costos y dimensiones de los espacios. Indicó que se instalaron alrededor de 300 negocios de alimentos, bebidas y artesanías, de los cuales unos 200 pagaron por el mobiliario, y que el Municipio no cobró por los espacios ni recibió ingresos por esas operaciones. Reconoció que no se firmó un contrato entre el Ayuntamiento y la empresa, a la que dijo haber conocido en un evento de Marca Guanajuato en 2025.

Comerciantes que pidieron el anonimato mostraron a AM recibos por 4 mil 500 pesos y dijeron que no recibieron mobiliario porque llevaron sus propias estructuras; entendieron el cobro como un pago por el permiso para ocupar el espacio. Michelini respondió que el cobro era por mobiliario y que quienes pidieron factura podían obtenerla.

La alcaldesa, Samantha Smith Gutiérrez, que no había dado declaraciones a la prensa, publicó el 1 de noviembre un video en redes sociales. Afirmó que el Gobierno municipal no realiza ninguna actividad con fines recaudatorios y que se buscó "homologar" los negocios para elevar la calidad del festival. Cerró con la frase "no me importa lo que me digan". Correo señaló que en el video no se aclaró el esquema de contratación con la empresa.

Periódico Correo informó el 2 de noviembre que personal municipal de Alumbrado Público, Limpieza y Seguridad Pública trabajó en el túnel, y planteó dudas sobre quién cubrirá el consumo eléctrico, pues no hay medidores. Por su parte, la directora de Turismo había dicho que el Municipio instaló la red eléctrica.

La regidora de Morena y presidenta de la Comisión de Cultura, Fernanda Arellano, consideró insuficiente la respuesta de la alcaldesa. Según Zona Franca, afirmó que una funcionaria pública debe rendir cuentas, planteó que existía una oportunidad de recaudar cerca de 2 millones de pesos para las arcas municipales y advirtió "opacidad" en la selección de la empresa y señaló que "podría haber" un pago de favores. La administración municipal no respondió a esos señalamientos en las notas consultadas.

El Observatorio Ciudadano de Guanajuato pidió investigar la operación del túnel. Su integrante Juan Antonio Valadez Fonseca, quien fue síndico y tesorero municipal, dijo a AM que, sin contrato, podría existir evasión fiscal, ya que los recibos entregados no reunirían requisitos fiscales. Carlos Arce Macías sostuvo que lo ocurrido no se apega al Reglamento para la Comercialización en la Vía Pública, vigente desde 2015.

Pese a la polémica, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Luis Gamba Castillo, informó a Zona Franca que el último día del festival cerró con alta afluencia, saldo blanco y alrededor de ocho incidentes menores. Los cuestionamientos sobre contratación y cobros siguen sin respuesta oficial detallada.