Baja California proyecta 15 mil 616.8 mdp en obras hídricas

El Gobierno de Baja California proyecta una inversión de 15 mil 616.8 millones de pesos en obras de infraestructura hídrica, saneamiento y abastecimiento de agua. La estrategia, denominada Gobierno del Agua, fue presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en el marco de su Quinto Informe de Actividades, el 2 de noviembre, y se desarrolla en coordinación con el Gobierno de México.

Según el comunicado oficial reproducido por varios medios, el financiamiento será cien por ciento público, con aportaciones federales y estatales. El proyecto más destacado es la Planta Desaladora de Rosarito, junto con las obras de conducción necesarias para fortalecer el suministro a hogares, hospitales, comercios e industrias. El plan se concentra en la Zona Costa y el sur del estado y responde, de acuerdo con el gobierno estatal, a los desafíos del cambio climático y del crecimiento poblacional.

El paquete incluye otras partidas específicas. Se contempla una asignación de 3 mil millones de pesos para la recuperación integral del cauce del Río Tijuana y 681 millones de pesos para el Sistema de Alejamiento de Aguas Tratadas, obra vinculada con los acuerdos binacionales para sanear la región fronteriza. Para San Quintín se prevén más de mil 578 millones de pesos destinados a perforar pozos, ampliar la desaladora Padre Kino y construir una nueva planta desaladora municipal.

En Playas de Rosarito se proyecta introducir drenaje sanitario en Primo Tapia, una demanda que el comunicado califica de histórica. En Tecate se plantea modernizar la red de distribución con la puesta en operación del Tanque Regulador Juárez, que beneficiaría a más de 15 mil familias. Los reportes consultados no precisan calendarios de ejecución ni cómo se integra el total de 15 mil 616.8 millones respecto de las partidas desglosadas.

El informe subraya además un cambio en la titularidad del recurso. Con base en el Plan Nacional Hídrico y la nueva Ley Nacional de Aguas, el Gobierno federal entregó por primera vez títulos de concesión y asignación de agua directamente a los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada. Esos títulos, indicó el gobierno estatal, dan certeza jurídica sobre la disponibilidad del recurso durante los próximos 30 años y sustituyen esquemas que obligaban a pagos a terceros y a distritos de riego, pues ahora el pago se haría directamente a la Federación.

La gobernadora sostuvo que el acceso al agua potable y tratada es un derecho humano fundamental. En un mensaje difundido en el informe afirmó: "Garantizar el agua para nuestra gente es un acto de justicia histórica que transforma vidas", y agregó que durante cinco años se han sentado las bases para que a ninguna familia bajacaliforniana le falte el vital líquido.

Se trata de montos proyectados, no ejercidos, y la información disponible proviene en su mayor parte de la propia administración estatal. El factor que determinará el alcance real del plan será el ritmo de construcción de la desaladora y de las obras de conducción, que son las que afectarían de forma más directa el abasto de las ciudades costeras. Hasta ahora, las fuentes no recogen evaluaciones independientes ni posturas de otros actores sobre el proyecto.